En mi DNI hay una especie de recordatorio silencioso: soy de los que “tienen que ir”. En Perú, si no votas, no es solo que te miren feo o que te dé vergüenza decirlo en una reunión familiar. Hay sanción. Hay multa. Hay trámite. Hay ese fastidio administrativo que, siendo honestos, a veces educa más que cualquier discurso sobre democracia.
Y no sé si eso es buenísimo… o peligrosamente cómodo.
Porque el voto obligatorio se vende como una idea limpia: “si todos votan, todos cuentan”. Y, claro, suena justo. Es como decir: “si todos usan el mismo puente, el puente se mantiene”. Pero a mí me pasa algo raro con esa lógica: me deja una sospecha en la garganta, como cuando te ofrecen algo “gratis” y luego descubres la letra pequeña. ¿Estoy participando porque creo… o porque no quiero líos?
La primera vez que voté con conciencia adulta (no por inercia), me di cuenta de una cosa poco romántica: la obligación no me hacía más ciudadano; me hacía más puntual. Me garantizaba presencia física, no presencia mental. Yo podía estar ahí, en la cola, mirando mi celular, pensando en la chamba, en el almuerzo, en el micro que se demora… y al final marcar cualquier cosa por apuro. ¿Eso es participación? ¿O es solo un check en una planilla?
Ahí aparece la pregunta incómoda: ¿qué estamos tratando de lograr con el voto obligatorio? Si la meta es “que haya menos abstención”, funciona, claro. Por algo varios países lo usan y algunos incluso le ponen sanción a quien no vaya. Pero si la meta es “mejorar la democracia”, ahí ya no estoy tan segura. Porque la democracia no se mide solo por cuánta gente entra al local de votación, sino por cuánta gente entiende lo que está eligiendo, por cuánta gente siente que su voto tiene efecto, por cuánta gente no se resigna.
Y acá va mi idea divergente, la que a veces me miran raro cuando la digo: el voto obligatorio puede ser una forma elegante de esconder un problema más profundo. Como si el Estado dijera: “mira, la gente participa”, cuando en realidad la gente solo está evitando una multa. Es como obligar a alguien a ir a terapia, pero sin garantizar que hable, que se abra, que confíe. Se sentó en la silla, sí. ¿Sanó? No necesariamente.
Ahora, ojo: tampoco me compro el otro extremo, el de “que vote el que quiera” como si esa libertad fuera siempre virtuosa. La libertad también se vuelve excusa para la comodidad, para el “me da flojera”, para el “todos son iguales”, para el cinismo con camiseta de sentido común. Y el cinismo, cuando se masifica, termina siendo una especie de voto invisible… pero a favor de que nada cambie.
Entonces quedo en una tierra rara: entiendo por qué existe el voto obligatorio, pero me incomoda su lógica de castigo.
Lo que más me hace ruido es esto: se obliga el acto, pero no se construye el vínculo. Es como exigirle a la gente amor por decreto. “Ama la democracia. Firma aquí.” Y si no la amas, multa. Hay algo de coacción simbólica ahí, porque la democracia —en teoría— es el espacio donde lo voluntario, lo discutible y lo plural pueden respirar.
A veces imagino un modelo distinto, menos binario. No “o votas o te castigo”, sino “te garantizo que participar sea fácil, útil y respetado”. Porque el verdadero enemigo no es la abstención como número; es la indiferencia como clima.
Por ejemplo: me parecería más honesto obligar no a “elegir una opción”, sino a “presentarte”. Y que esté normalizado el voto en blanco o nulo como un mensaje legítimo, no como “no supiste votar”. En otras palabras: obligar la presencia para que el sistema tenga legitimidad, pero no obligar la adhesión. Que el ciudadano pueda decir: “vine, cumplí, y aun así no compro lo que me ofrecen”. Esa diferencia es enorme: te saca del rol de “súbdito que cumple” y te deja en el rol de “persona que evalúa”.
También sería brutalmente más efectivo invertir el orgullo en lo que hoy es castigo: que el premio social sea entender, debatir, fiscalizar, exigir. Que el trámite no sea solo la multa, sino la educación cívica que sí te cambia el voto. Porque obligar sin educar es como subir el volumen de una canción mala: se escucha más, pero no mejora.
¿Garantía de participación o coacción? Para mí, es ambas. Garantiza presencia, sí. Pero también revela una desconfianza: “si no te obligo, no vienes”. Y cuando un país se gobierna desde esa desconfianza, corre el riesgo de confundir ciudadanía con obediencia.
Yo sigo yendo a votar. Voy porque toca, porque quiero evitar líos, y también porque, en el fondo, hay una parte mía que se resiste a soltar ese espacio. Pero me niego a romantizarlo. Si la democracia necesita que me amenacen para que aparezca, entonces el problema no soy solo yo: es el contrato completo.
Y quizá la salida no sea abolir el voto obligatorio ni aplaudirlo como panacea. Quizá la salida sea decir la verdad: obligar a votar puede sostener el edificio, pero no lo vuelve hogar. Para hogar hace falta otra cosa: confianza, conversación y resultados que no se sientan como una broma repetida cada elección.
