Alumbrar una urgencia y cargar a la cuadra
Un cable que uno no pone también pesa. Trabajo con electricidad desde hace años: ventiladores, motores de agua, breakers cansados, tomacorrientes negros por dentro. En un pueblo chiquito ese oficio no se queda en la pared de la casa. La gente te llama porque confía, porque no tiene a quién más llamar o porque sabe que todavía quedan cosas que se arreglan antes de que pasen por un papel. Esa confianza halaga, pero también te mete en decisiones que después nadie quiere reconocer como decisiones de todos.
Hace poco una familia se mudó para una casita que llevaba tiempo cerrada. Tenían la instalación por dentro bastante decente, pero el trámite de la corriente no acababa de salir. No voy a adornar el asunto: había calor, había comida que se podía echar a perder, había una persona mayor que necesitaba conservar unas medicinas en frío y había dos muchachos haciendo tareas con una linterna recargable. Me pidieron que hiciera un “puente” por unos días, hasta que llegara la conexión formal. Lo dijeron con pena, no con viveza. Y esa diferencia importa, aunque no alcance para volver segura una cosa peligrosa.
El primer deber que se me paró delante fue el de ayudar. Uno no vive entre gente para decir “eso no me toca” cada vez que aparece una necesidad real. Además, los que más esperan por un trámite casi nunca son los que más recursos tienen para aguantar la espera. Quien tiene planta, dinero para comprar hielo todos los días o un pariente en una oficina, habla de paciencia con otra voz. Por eso me molesta cuando se despacha todo con “la ilegalidad es la ilegalidad”, así, limpio y parejo, como si las condiciones fueran parejas también. En esta zona, la oportunidad no se reparte igual ni para encender un bombillo.
Pero el segundo deber estaba ahí, con menos cara y más consecuencias. El transformador de esa cuadra vive al límite; cuando entran demasiados equipos, baja el voltaje y empiezan los motores a sufrir. Una conexión hecha por fuera no la paga solo quien la usa. La pagan los vecinos con aparatos quemados, con riesgo de cortocircuito, con sospechas entre ellos y con más carga para el liniero que después tiene que explicar lo que no autorizó. Un favor privado puede convertirse en daño común sin avisar. Y si pasa algo grave, nadie se acuerda de la urgencia inicial: queda el técnico que puso la mano, la familia señalada y la cuadra dividida entre compasión y rabia.
La frase más fácil en estos casos es “hay que resolver”. Yo mismo la he usado mil veces. Resolver ha salvado comidas, enfermos, cumpleaños, trabajos y hasta matrimonios. También ha servido para tapar abusos, para que el que tiene contacto pase primero y para que lo público termine sostenido por remiendos particulares. Ahí está la trampa: criticar el invento puede sonar a falta de humanidad, pero celebrarlo siempre termina absolviendo un sistema que empuja a la gente a pedir como favor lo que debería recibir con garantía. No me interesa hacerme el neutral. Me duele más ver castigado al pobre que al cómodo. Pero tampoco puedo llamar justicia eléctrica a cargar sobre una cuadra vieja lo que una oficina demora.
No hice el puente. Revisé la instalación interior, dejé marcado lo que faltaba para que no les rechazaran la visita, hablé con dos vecinos para que acompañaran el reclamo y fui con el hombre de la casa a preguntar otra vez. Eso no suena heroico porque no lo fue. Esa noche siguieron con la casa oscura y una nevera prestada a medias, dependiendo de la buena voluntad de al lado. La señora me dio las gracias sin alegría, que es una forma honrada de agradecer cuando la ayuda no alcanza.
Al otro día un conocido me dijo que me había puesto muy correcto para una gente que necesitaba luz. Puede ser. También he visto casas con niños dormir al lado de cables calentándose en silencio, y después todo el mundo hablar bajito, como si el peligro hubiera nacido solo. Entre abandonar a una familia y comprometer a una cuadra no hay una salida limpia. Lo que sí hay es una responsabilidad que no debería recaer en el alicate de un vecino. Mientras esa sea la forma de decidir quién se alumbra y quién espera, cada bombillo encendido por debajo va a traer una sombra detrás.
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Análisis de la publicación
La falta de acceso formal a la electricidad en comunidades vulnerables genera dilemas complejos entre la urgencia de atender necesidades esenciales y la responsabilidad que conlleva preservar la seguridad y el bienestar colectivo. Este escenario expone las tensiones éticas y sociales derivadas de soluciones informales que, aunque alivian problemas inmediatos, pueden cargar riesgos y daños en toda la comunidad.
En un pueblo pequeño, ante la demora en la conexión formal de electricidad, una familia solicitó un puente provisional para poder mantener refrigerados alimentos y medicinas. La persona con oficio en electricidad enfrentó el dilema entre ayudar para resolver una urgencia real y evitar que una conexión no autorizada perjudicara al vecindario y al transformador local. Las conexiones improvisadas generan sobrecarga, riesgo de accidentes, daños en aparatos vecinos y división social. La desigualdad se evidencia en la capacidad de esperar o buscar alternativas según recursos disponibles. Optar por el arreglo informal implica sostener un sistema que no provee garantía equitativa, mientras que rechazarlo significa prolongar una dificultad urgente. Finalmente, se decidió no realizar la conexión provisional, priorizando la gestión formal con la comunidad, aunque ello mantuvo a la familia sin luz temporalmente.
Fragmentos literales destacables
“Un favor privado puede convertirse en daño común sin avisar.”“Entre abandonar a una familia y comprometer a una cuadra no hay una salida limpia.”“Mientras esa sea la forma de decidir quién se alumbra y quién espera, cada bombillo encendido por debajo va a traer una sombra detrás.” La tensión entre necesidades urgentes individuales y los efectos colectivos configura un nudo ético central. La ayuda inmediata puede socorrer una situación delicada, pero si se traduce en riesgos que afectan al conjunto, la supuesta solución pone en juego la seguridad y la convivencia comunitaria. Esta paradoja revela que los actos de solidaridad frente a la carencia a menudo imponen costos invisibles a terceros.
Además, la desigualdad estructural multiplica la presión sobre quienes tienen menos recursos para soportar demoras. La informalidad, lejos de ser una opción libre, se vuelve una obligación impuesta al más débil, reflejando una falla del sistema para atender con justicia las demandas básicas. En este contexto, la ilegalidad no es neutral, sino un síntoma de exclusión y desigualdad.
La elección de abstenerse de una solución temporal informal sugiere que una respuesta sostenible requiere mecanismos colectivos, participación vecinal y acción institucional que garanticen accesibilidad sin sacrificar la seguridad ni la equidad. Esto implica repensar cómo se diseñan las políticas y estructuras para que la urgencia no se transforme en un pretexto para remedios que perpetúan la precariedad.
Por último, la situación invita a cuestionar qué responsabilidades deben asumir los individuos y cuáles corresponden al Estado o a la comunidad. También plantea una pregunta crucial: ¿cómo evitar que la gestión de las necesidades se convierta en una carga improvisada para quienes menos pueden afrontar sus consecuencias?
Pensamiento colectivo
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