Participar entre todos y obedecer al chat

En las reuniones de padres se habla menos que en los chats. Eso ya cambió la escuela, aunque todavía finjamos que solo cambió el canal.

Trabajo en educación y he aprendido a distinguir entre una comunidad activa y una comunidad encendida. La primera pregunta, escucha, propone y acepta que no todo se resuelve al instante. La segunda vibra todo el día en el celular, exige respuestas rápidas y llama participación a una cadena de mensajes donde mandan quienes pueden estar pendientes.

El problema no es el WhatsApp en sí. Sería absurdo negarlo: gracias a ese medio se avisa una suspensión, se encuentra una chompa perdida, se recuerda una tarea, se organiza una ayuda cuando una familia pasa una mala semana. En ciudades intermedias, donde mucha gente trabaja lejos de la casa pero no tan lejos como para que la vida barrial desaparezca, el chat sostiene vínculos reales. Lo que cuesta mirar es otra cosa: cuando el grupo deja de ser herramienta y se vuelve asamblea permanente, juzgado informal y oficina de cobros, la escuela pública empieza a funcionar con reglas que nadie escribió y con desigualdades que nadie quiere nombrar.

La participación se volvió una disponibilidad. Quien contesta primero parece más responsable. Quien manda audios largos parece más comprometida. Quien propone cuota, camiseta, arreglo, agasajo o minga queda ubicada en el lado de “los que sí ayudan”. En cambio, la madre que trabaja puertas adentro, el padre que maneja taxi y revisa el celular recién en la noche, la abuela que no entiende bien los mensajes, la familia que comparte un solo teléfono o compra datos por ratos aparecen como silenciosas, desinteresadas, difíciles. Después llega la frase que lo acomoda todo: “La mayoría estuvo de acuerdo”. Pero esa mayoría suele formarse entre quienes estaban conectadas a las diez de la mañana, entre quienes no temen escribir con faltas, entre quienes pueden discutir una hora sobre el color de una funda de caramelos o sobre si conviene contratar sonido para el programa.

La ausencia se interpreta como consentimiento, no como cansancio, falta de saldo, vergüenza, horario laboral o simple derecho a no vivir pegada al grupo. Así, una tecnología que prometía incluir termina convirtiendo la voz en prueba de pertenencia. Si no respondes, alguien responde por ti. Ahí aparece mi contradicción. Como docente, necesito comunicarme con las familias. No puedo idealizar una escuela muda, de cuadernos de control que se pierden en la mochila y convocatorias que llegan tarde.

También sé que muchas decisiones mejoran cuando las familias se organizan: un aula descuidada se arregla, un estudiante que falta seguido encuentra apoyo, una actividad no depende solo de la institución. Sería injusto tratar toda iniciativa de madres y padres como presión indebida.

Pero tampoco puedo fingir neutralidad cuando veo que el chat clasifica a la gente con una rapidez cruel. He leído mensajes donde una cuota “voluntaria” se vuelve lista de morosos. He visto cómo se agradece públicamente a quienes aportan y se deja un silencio pesado sobre quienes no pueden. He escuchado a estudiantes decir “mi mami no ha pagado todavía” con una mezcla de susto y vergüenza que no corresponde a su edad. En el papel, la educación habla de igualdad; en la pantalla, la igualdad se rompe por veinte centavos de recarga, por un uniforme adicional, por una foto enviada a destiempo o por una decisión tomada cuando la mitad no estaba.

Lo comunitario también puede volverse coercitivo. Nos gusta pensar que la presión solo viene de arriba: del ministerio, de la autoridad, de la dirección.

En realidad, una parte de la presión nace entre nosotros, con buenas intenciones y tono cordial. “Es por nuestros hijos”, se dice, y esa frase cierra discusiones que deberían abrirse. ¿Cuánto cuesta participar? ¿Quién administra lo recaudado? ¿Por qué una celebración debe parecer competencia? ¿Qué pasa con la familia que no quiere explicar su economía delante de veinte desconocidos?

La escuela queda atrapada en una confusión delicada. Si interviene demasiado, parece que desprecia la organización de las familias. Si no interviene, permite que la convivencia se regule por reputación, insistencia y captura de pantalla. Entonces lo público se llena de prácticas privadas: cobranzas en grupo, decisiones por cansancio, favores convertidos en mérito, aportes transformados en identidad moral. No es un detalle administrativo; es una forma de aprender ciudadanía. Los estudiantes observan que la democracia consiste en responder rápido, que la solidaridad necesita exhibirse y que quien no explica su dificultad merece sospecha. Una comunidad no se mide solo por cuánta gente escribe. Se mide también por la calidad del silencio que permite. Hay silencios de indiferencia, claro, pero también hay silencios de trabajo, de duelo, de deuda, de miedo a ser juzgada, de no tener palabras suficientes para decir “no puedo”. Si la escuela no reconoce esas diferencias, termina educando en una idea muy pobre de participación: estar visible, contestar, aportar, asentir. No propongo volver al papelito perdido ni cerrar los chats con una orden. Propongo dejar de llamar acuerdo a cualquier conversación acelerada. Una decisión común necesita tiempos claros, costos explícitos, alternativas reales y respeto por quien no quiere convertir su situación económica en espectáculo. La tecnología puede servir, pero no debe gobernar la vida escolar desde el bolsillo de las familias. Cuando la pantalla decide quién es buena madre, buen padre o buen representante, la escuela deja de enseñar comunidad y empieza a reproducir una vigilancia con uniforme de colaboración.