Se llama colaboración a lo que debería estar garantizado

En muchas escuelas aprendimos a decir colaboración con una naturalidad que ya casi no se revisa. La palabra suena amable. Nadie queda mal cuando la pronuncia.

Parece convocar voluntad, comunidad, manos juntas. En una ciudad mediana, donde casi todos conocen a alguien dentro del plantel, negarse a colaborar no se vive como una decisión económica sino como una falta moral. Ahí está el problema: no todo pedido comunitario es solidaridad. A veces es una forma educada de trasladar una obligación hacia quienes menos margen tienen para escoger.

Pintar un aula, comprar papel, arreglar una chapa, completar para una impresora, mandar materiales que antes aparecían sin tanta explicación. Cada pedido puede parecer pequeño si se mira aislado. Pero juntos forman una rutina: la escuela pública se sostiene con remiendos familiares, con rifas, con cuotas discretas, con mingas que se anuncian como fiesta y se sienten como examen de pertenencia. La injusticia no siempre llega con tono agresivo. A veces llega con una lista en el chat y una frase bien intencionada: es para nuestros hijos.

Esa frase cierra conversaciones porque nadie quiere parecer indiferente frente a una necesidad real. Claro que una quiere que el aula esté limpia, que haya foco, que el baño funcione, que los guaguas estudien en condiciones decentes. Lo que no está bien es que la urgencia de esas condiciones vuelva sospechosa a la familia que no puede poner plata, tiempo o presencia física. He visto cómo se fabrica una categoría silenciosa: los que sí apoyan y los que nunca ayudan. En esa división se pierde información importante. No se ve a la madre que trabaja los sábados, al abuelo que cuida a tres nietos, al padre que paga pasajes medidos, a la familia que evita explicar su falta de dinero porque la pobreza también se cansa de dar pruebas.

Tampoco se ve que la comunidad educativa termina administrando escasez en vez de discutir por qué se volvió normal que lo básico dependa del entusiasmo de los hogares. La minga tiene una historia valiosa. Pero una cosa es organizarse para mejorar lo común y otra convertir la organización en parche permanente. Cuando todo se resuelve con colaboración, se debilita la idea de derecho. Lo público deja de ser aquello que nos corresponde por vivir en sociedad y se vuelve aquello que completamos si alcanzamos, si tenemos tiempo, si no nos da vergüenza decir que no.

También se daña el trabajo educativo. Docentes y directivos terminan ocupando un lugar incómodo: pedir sin querer presionar, agradecer sin poder garantizar, repartir necesidades sin nombrar la raíz. Las familias, por su parte, aprenden a medir su compromiso con recibos, fundas de cemento, hojas bond o asistencia a una jornada.

Así se confunde participación con financiamiento y pertenencia con capacidad de aportar. No se trata de despreciar la ayuda. Se trata de no usar la ayuda para tapar la desigualdad que la hizo necesaria. Una comunidad fuerte no es la que aguanta todo callada para que el año avance. Es la que puede decir, sin perder ternura ni firmeza, que hay necesidades escolares que no deberían depender de la buena voluntad de quienes ya están haciendo malabares para sostener la vida diaria.